¿Qué regula la famosa Ley GICA?

Ley de 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en adelante La Ley GICA, nació con los objetivos de establecer un marco normativo para el correcto desarrollo de la política ambiental andaluza y de actualizar las disposiciones existentes para regular los nuevos instrumentos de protección ambiental, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos y aumentando la protección del medioambiente.

Algunos principios de la Ley GICA.

En la ley GICA, la prevención se alza como uno de los principales mecanismos para lograr que las actividades económicas no provoquen el deterioro del medioambiente y que no perjudiquen la salud de las personas. Así, la ley contempla diferentes instrumentos cuyo objetivo es identificar los posibles efectos adversos e impactos que puedan derivarse de la puesta en marcha determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades. En base a los estudios realizados, bajo el principio deprevención y de cautela, la ley obliga a la adopción de medidas de protección que eviten o en su defecto, minimicen tales impactos así como a la incorporación de protocolos de actuación en caso de producirse alguna emergencia ambiental.

Asimismo, con el objetivo de hacer cumplir el principio de “quien contamina paga” y de restauración de los daños ambientales que se deriven de una determinada actividad económica, la Ley refuerza el régimen de vigilancia e inspección e incorpora un conjunto de infracciones y sanciones. En este sentido, para la estipulación de sanciones graves, se evalúa la existencia de daños o deterioros graves para el medioambiente así como el nivel de afección a la salud de las personas.

Por su parte, para determinadas actividades económicas, la ley GICA desarrolla un régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente a través del cual se exige la contratación de garantías financieras tendentes a prevenir, evitar y reparar los daños ambientales en la forma, plazo y cuantía determinados reglamentariamente.

Por último, destacar el principio de enfoque integrado bajo el cual se evalúa de manera integral el impacto ambiental asociado a actividades industriales de alto potencial contaminante. Así, el resultado de esta evaluación conjunta quedará recogido en una única resolución (la autorización ambiental integrada) en la que además se especificarán los valores límites exigibles de sustancias contaminantes conforme a las mejores técnicas disponibles en el mercado para conseguir el menor impacto ambiental.

¿Cuáles son las acciones más significativas de esta Ley?

  • Garantizar el refuerzo de la participación ciudadana facilitando el acceso a la información ambiental de manera objetiva y fiable. También se establece un sistema de comunicación para la difusión de contenidos educativos y de concienciación en la protección del medioambiente.

 

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  • Formular instrumentos de prevención y control ambiental aplicables a los planes, programas, proyectos de obras y actividades referidas en el Anexo I de dicha Ley que afecten significativamente al medioambiente de Andalucía. Así, según la actividad económica objeto de evaluación y su nivel de impacto sobre el medioambiente y la salud de las personas se crean los siguientes instrumentos:
  • Autorización Ambiental Integrada.
  • Autorización Ambiental Unificada.
  • La Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
  • La Calificación Ambiental.
  • Las Autorizaciones de Control de la Contaminación Ambiental.
  • Proteger la calidad ambiental del aire, agua y suelos, así como gestionar los residuos de Andalucía conforme a los principios establecidos por la normativa comunitaria.
  • Establecer una responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas y los ciudadanos en la protección del medioambiente, con los instrumentos capitales expuestos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible marcada por el VI Programa de la Unión Europea. Entre ellos, hay que destacar los acuerdos voluntarios y el distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas.
  • Utilizar instrumentos económicos que incentiven la inversión en tecnologías limpias para disminuir el impacto ambiental de la actividad empresarial y exigir garantías financieras que respondan ante los daños que puedan ser producidos por dichas entidades.
  • Creación de un Comité Científico para los Riesgos Ambientales Emergentes, que se encargará de emitir dictámenes sobre los riesgos ambientales que pudieran derivarse de los campos electromagnéticos originados por instalaciones radioeléctricas, de los organismos modificados genéticamente y de la nanotecnología y cuya composición se establecerá reglamentariamente.