La calificación ambiental es uno de los instrumentos de prevención y control ambiental regulados a través de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante Ley GICA) y que tiene por objeto la evaluación de los efec­tos ambientales derivados de la im­plantación, ampliación, modificación o traslado de determinadas actuaciones, la determinación de la viabilidad ambiental de los mismos y las condiciones en que deben realizarse.

¿Tiene carácter preceptivo?

La Calificación Ambiental se integra en el procedimiento de otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la actividad que se pretende realizar. Por ello, no puede otorgarse licencia municipal referida a las actua­ciones sujetas a Calificación Ambiental sin la obtención de la resolución favorable ni tampoco se podrá poner en marcha la citada actividad en contra de lo que se establezca en la resolución de Calificación Ambiental.

¿Qué actuaciones o proyectos empresariales deben someterse a este procedimiento?

Deberán someterse al procedimiento de calificación ambiental aquellas actuaciones, tanto públicas como privadas, así recogidas en el Anexo I de la Ley GICA (modificado por el Decreto 356/2010, de 3 de agosto), y sus modificaciones sustanciales, siempre que dichas actuaciones se extiendan a un único municipio.

Del total de las cerca de 280 actuaciones sometidas a algunos  de los instrumentos de prevención y control ambiental previstos por la Ley GICA, el 37% se corresponde con la calificación ambiental. Así, este procedimiento está prácticamente presente en todas las categorías de actuaciones a excepción de las correspondientes a “Industria extractiva”, “Agricultura, selvicultura y acuicultura” y “Planes y programas” y presenta su máxima aplicación en la categoría global ” Otras actuaciones ” donde representa casi el 75% (anexo: Ley GICA).

Principales aspectos del procedimiento

Corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución de los procedimientos de calificación ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales en su caso.

El plazo máximo para resolver es de 3 meses, contados a partir de la presentación de toda la documentación exigida por los técnicos responsables de la evaluación del expediente. Durante este plazo, la documentación presentada se somete a un proceso de información pública y periodo posterior de alegaciones. Finalizados ambos trámites, el Ayuntamiento procede a emitir la propuesta de resolución. Si en el plazo indicado no se dicta resolución expresa de de calificación, se entiende emitida en sentido positivo.

¿A cuánto ascienden las sanciones?

Corresponde a los Ayuntamientos la vigilancia y el control del cumplimiento de los condicionantes ambientales que en cada caso puedan imponerse para otorgar la resolución favorable así como el ejercicio de la potestad sancionadora. Para sanciones tipificadas como muy graves, las sanciones irán desde 6.001€ hasta 30.000€.